Desde la década de los noventa han surgido múltiples estudios que, en el ámbito de la Unión Europea, han tenido como objetivo la estimación de las externalidades ligadas a las actividades de transporte en un intento de internalizarlas con la ayuda de instrumentos impositivos y mejorar, así, la eficiencia del sector. Desde la aprobación del Libro Verde sobre tarificación justa y eficiente del transporte (Comisión Europea, 1995), la Unión Europea, a través de la publicación de distintos documentos (Comisión Europea, 2000, 2001), ha resaltado la necesidad de aplicar el principio de eficiencia en el transporte, dada la envergadura de las externalidades asociadas a dicha actividad.

La fiscalidad constituye una de las más destacadas herramientas para que la política medioambiental sea efectiva y, simultáneamente, eficiente; es decir, capaz de conseguir los objetivos medioambientales perseguidos y haciéndolo al mínimo coste posible para la sociedad. Por ello, la fiscalidad medioambiental, como el resto de instrumentos económicos (principalmente los permisos de emisión negociables), han de ver aumentar paulatinamente su papel en dicha política.

El caso del transporte es de singular interés en relación con la fiscalidad medioambiental porque el transporte es uno de los llamados sectores “difusos”, que han quedado al margen de la aplicación del actual mercado de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2). Por ello, la fiscalidad medioambiental está llamada a jugar un papel central para disminuir las emisiones del sector de transporte, en especial las de CO2, algo imprescindible para alcanzar nuestros objetivos en la lucha contra el cambio climático.

Esta mesa redonda aborda el papel presente y futuro de la fiscalidad medioambiental, centrándose en el caso del transporte por carretera, mediante ponencias de destacados expertos de la Administración, la Universidad, la empresa y las ONGs.

Desde el Ministerio de Economía y Hacienda, concretamente desde la Dirección General de Tributos, centraron su disertación en la situación actual de la ambientalización de impuestos, concretamente en lo referente a los impuestos locales, mostrando tanto las opciones existentes a la hora de introducir consideraciones medioambientales en figuras tributarias, como es el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles o el de Actividades Económicas, entre otros, como examinando algunos casos prácticos, Madrid y Zaragoza.

Desde el sector privado, fruto de la elaboración de un trabajo exhaustivo realizado por EnvEco Consulting para el Instituto de Estudios Fiscales, se sugirió ir más allá de las posibilidades que ofrece el actual sistema fiscal para plantear modificaciones, en línea con algunas propuestas de la Comisión Europea. En concreto, se propone la creación de un nuevo Impuesto sobre las Emisiones de los Vehículos de Motor en sustitución de los Impuestos de Matriculación y Circulación.

Por otro lado, se examinaron algunas propuestas de nueva fiscalidad sobre el transporte, a partir del análisis de una propuesta de la Comisión Europea de modificación de la Directiva 1999/62, referente a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte por la utilización de determinadas infraestructuras, incluyendo casos prácticos procedentes de diferentes áreas del planeta.

Otro punto de vista bien diferente fue el que se dio acerca del presente y futuro de la imposición de los carburantes. En este caso la perspectiva fue algo distinta, centrada en gravar las externalidades del transporte a través de los combustibles, mostrándose de nuevo tanto la situación actual como las perspectivas de esta opción tributaria en un futuro.

La Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid presentó un caso eminentemente práctico sobre ambientalización de las ordenanzas municipales. Describieron, apoyándose en cifras, el papel y los resultados de la incipiente ambientalización de las ordenanzas municipales en Madrid, con especial referencia al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

En contrapunto a todas estas intervenciones, Greenpeace puso sobre la mesa el tema de la internalización de los costes medioambientales a través de la fiscalidad, mostrando una visión bastante escéptica del papel que está teniendo la fiscalidad ambiental en materia de transporte sobre las externalidades que genera el sector. Para ello se basó en los datos de emisiones y de evolución del número de vehículos, proponiendo al final de su intervención un paquete de medidas para frenar este proceso de crecimiento de los vehículos y de sus impactos ambientales.