Para los socialistas es momento de extender a la administración pública, a sus empresas y a las entidades que gestionan servicios públicos fundamentales, la cultura de la responsabilidad social, y deben de ser ejemplo de éstas prácticas. 

Además, consideran que la sociedad necesita que se fortalezcan los instrumentos que vertebran y articulan un consumo responsable, la inversión ética y sostenible, y la información sobre la actividad responsable de las empresas.

Así, se insta al Gobierno a que incorpore cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público, favorecer la inversión socialmente responsable tanto en el sector público y privado, y fortalecer la cultura del consumo responsable.

Respecto a las distintas iniciativas que están llevando a cabo los gobiernos autonómicos, se pide al Ejecutivo que favorezca y coordine éstas políticas de apoyo a la RSC por su cercanía a las pequeñas y medianas empresas.

La crisis económica no debe cuestionar la cultura de la responsabilidad social, en gran parte por que ha sido provocada por la irresponsabilidad y por la imprudencia, señala la proposición de ley.