Más de la mitad de los zoos (actualmente, unos 80 de los 130 existentes) funcionan en España sin autorización administrativa. Por lo tanto, no hay garantías de que tengan inspecciones periódicas ni que sus instalaciones sean adecuadas. Así, lo denunció en el 2006 la Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA) y así lo está corroborando la UE. 

Por todo ello, la Comisión Europea –que ha acabado el expediente contra España– ha enviado la denuncia contra España al Tribunal de Luxemburgo por un posible incumplimiento de la directiva sobre instalaciones zoológicas de 1999. El caso afecta a casi todas las comunidades autónomas; sólo se libran Andalucía, Catalunya, Madrid y País Vasco.

La asociación ANPA denunció la situación de los zoos porque en España ni siquiera hay una administración autonómica responsable de las autorizaciones y las inspecciones (como estableció la ley estatal en el 2003). La consecuencia de este descontrol es que con frecuencia los animales están alojados en poco espacio y en malas condiciones.

"La ley exige un enriquecimiento medioambiental de la instalación zoológica, y eso muchas veces no se da. Así, los animales sufren estrés o ejecutan movimientos no naturales repetitivos, como andar en círculos o subir y bajar compulsivamente los barrotes de una jaula", dice Alberto Díez Michelena, secretario general de ANPA. La falta de espacio la sufren los primates, y también los mamíferos marinos.

En este sentido, Díez Michelena se refiere al delfinario de Palma de Mallorca, que debería ser ampliado. Muchos zoos son inseguros (no siempre hay separación y vallas entre el público y los animales salvaje); y es frecuente "el abuso del espectáculo de circo" (niños que acarician animales, delfines que saltan entre aros o sirven para hacer esquí acuático), cuando la ley dice que el espectáculo debe estar a servicio de la educación ambiental.

Además, se deberían de llevar a cabo planes de conservación, pero se burla esta exigencia con burdos planes de cría en cautividad de especies que no están en peligro. El origen del problema es que las competencias sobre autorización e inspección –transferidas a las comunidades autónomas– las deben ejecutar áreas o departamentos poco coordinados (Ganadería y Conservación), con lo cual los zoos quedan a veces en un limbo legal.

Además, la situación es apremiante porque España tiene colecciones privadas muy amplias y variadas (paquidermos, mamíferos marinos, felinos), lo que hace más caras las inversiones de mejora y de adecuación. Por eso, en los últimos tiempos se han cerrado zoos en Valladolid (Valwoo), Toledo (Granjas Koki) o el zoo de Almendralejo.

Marta García, subdirectora general de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, declaró que "las competencias de control e inspección están transferidas a las comunidades autónomas", por lo que el papel de su Ministerio es "ayudar que estas puedan cumplir con la directiva europea", por lo que se ha creado un grupo de trabajo para este fin.

La subdirectora admite que la UE no se ha dado por satisfecha con las respuestas del Gobierno al expediente abierto y anunció que se hará un inventario estatal de zoos para conocer la situación real. "Falta formación y especialistas en zoos. Organizaremos un curso para formar a los técnicos de las comunidades", dijo.