En octubre de 2006, los actos previos a la celebración del I Congreso Nacional de Reservas de Biosfera de Lanzarote, referidos a la legalidad territorial y ambiental, despertaron notable interés social. Las actividades complementarias constituyeron una magnífica oportunidad de exposición y debate de un asunto al que no suelen permanecer ajenos los ciudadanos, conscientes de que el trato que recibe el territorio (su ordenación, sin duda, pero también la actuación de las personas sobre el mismo) es hoy uno de los indicadores fundamentales para medir la temperatura democrática de la sociedad.

El indudable éxito de los señalados actos complementarios al Congreso y la iniciativa e interés de los magistrados, fiscales y juristas que debatieron en torno a la mesa redonda de legalidad territorial, aconsejaban su continuidad. El foro de reflexión entonces abierto propicia ahora la celebración de un nuevo encuentro, bajo el formato de unas jornadas con sustantividad propia.

En las mismas, se amplía el horizonte de discusión de un asunto que atraviesa toda la geografía española y cala en la preocupación ciudadana por sus conexiones con la especulación del suelo, el medio
ambiente, el interés general, los recursos naturales, la calidad de vida, la solidaridad colectiva, la actuación de las Administraciones Públicas, la delincuencia urbanística y la corrupción.

El marco de las II Jornadas de Legalidad Territorial y Ambiental nos conduce a afrontar el debate acerca de si las sentencias, una vez dictadas por jueces y tribunales, se convierten en más ocasiones de las
deseables en objeto de imposible ejecución material, con el consiguiente descrédito para la Justicia y el cercenamiento evidente del derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en la Constitución de
1978.

Que la legalidad territorial y ambiental se cumpla es una de las pruebas a las que se enfrenta el Estado de Derecho. La credibilidad del sistema democrático se asienta en la existencia de un cuerpo normativo nacido
de la voluntad popular por cuanto la ley es expresión de la soberanía encarnada en el pueblo.

No basta con que nos hayamos dotado del más perfecto, progresista y avanzado aparato legal: es necesario que éste se cumpla, como prueba del respeto a lo que es norma propuesta por todos, común a todos y en
definitiva, norma democrática. A los observadores de la realidad no se les escapa que nuestro tiempo es el de una inusitada vocación para legislar, pero esa voluntad corre pareja con la de incumplir compulsivamente la misma legislación que se ha promulgado.

Si, además, la violación de la legalidad territorial y urbanística, como tantas veces ocurre, no tiene consecuencias administrativas ni judiciales en el orden contencioso-administrativo, la burla al sistema
democrático se acentúa. De ahí a la ruina del edificio de la Democracia apenas resta un corto paso.

Sabemos que el territorio es sensible y frágil, más en una comunidad insular como la nuestra. Las transacciones económicas que en torno al suelo se generan, dado su condición de bien escaso y limitado,
producen toda suerte de presiones, en ocasiones legítimas y otras no tanto.

En esta situación, los particulares tratan de hacerse valer sobre las autoridades democráticas, a las que corresponde defender el tan invocado como socavado interés general en la plasmación de las normas territoriales de carácter legal y reglamentario. En tanto que territorio y suelo son el medio en que nos desenvolvemos, su protección legislativa es la nuestra y la de las generaciones que empiezan ya a sucedernos en el presente y que, sin duda, constituyen el futuro.

Las Jornadas

La defensa del interés general en la ordenación del territorio y el urbanismo y la ejecución de sentencias son los dos grandes temas que van a consumir las Jornadas durante sus dos días de duración. Nada mejor para abrir este encuentro que el Subsecretario del Ministerio de la Vivienda, quien expondrá el novedoso Texto Refundido de la Ley de Suelo (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 26 de junio).

Por primera vez la legislación urbanística del Estado introduce, frente al desarrollismo que históricamente la ha caracterizado, límites al crecimiento en virtud de los requerimientos del desarrollo sostenible, y exige la minimización del impacto que genera dicho crecimiento.

El referido Texto Refundido regula además, entre otras muchas, cuestiones tan candentes y de interés como el estatuto básico de la ciudadanía en relación con el suelo y la vivienda; la garantía de la función social de la propiedad para evitar la retención especulativa del suelo y la transparencia de las decisiones de planeamiento en el ámbito de la Administración Local que las adopta. También incorpora medidas de control e incompatibilidad para los cargos públicos responsables de la ordenación territorial, en un claro afán por perseguir la corrupción en este ámbito.

No menor importancia adquiere la exposición del Secretario de Estado del Ministerio de Justicia, quien abordará las novedades legislativas que introduce la proyectada reforma del Código Penal en materia territorial y
urbanística, con especial referencia a los delitos en que pueden incurrir los funcionarios que intervengan en la función pública urbanística.

Completan el primer día de las Jornadas dos mesas redondas; la primera, en relación con la presencia del interés general en la cadena de los procesos urbanísticos. La segunda, sobre ejemplos prácticos del cumplimiento de la legalidad en Reservas de Biosfera españolas. El día 26 de marzo finalizará con una ponencia acerca del caso Marbella, como ejemplo de lo que supone la legalización vía nuevo planeamiento de 18.000 viviendas ilegales, a cambio de la cesión de suelo para equipamientos públicos.

En la segunda de las Jornadas se tratará la ejecución de sentencias en materia urbanística. Mientras una ponencia se referirá a los casos en que la misma es viable a través de la demolición y demás alternativas, otra se referirá a los precedentes de inejecución de sentencias a escala insular.

Además, Norberto Javier de la Mata, miembro del Grupo de Estudios de Política Criminal, planteará las alternativas a la regulación vigente de los delitos urbanísticos en la perspectiva de la persecución y hostigamiento a las cada día más intensas prácticas de corrupción. El tiempo de debate girará alrededor de dos mesas redondas, la primera compuesta por distintos magistrados de lo contenciosoadministrativo de tribunales superiores de justicia, quienes se preguntarán por la efectividad de las medidas cautelares (¿llegan tarde? ¿deben adoptarse con mayor frecuencia?) y la posibilidad real de la ejecución de las sentencias. La segunda mesa dará cabida a la acción pública en defensa de las materias urbanística y ambiental, en la que
participarán representantes de la fiscalía, grupos ambientalistas y estudiosos de las universidades.

El encuentro culminará con el punto de vista del Premio Nobel de Literatura e Hijo Adoptivo de la isla, José Saramago, quien dará la versión de un ciudadano que se ha convertido en cualificado y excepcional testigo de las amenazas y riesgos que sufre el territorio insular.

El principio de legalidad –y por ende, la legalidad territorial y urbanística– es la manifestación primaria y esencial del Estado de Derecho, que impide la toma de decisiones subjetivas y arbitrarias y garantiza un régimen de normas objetivas e igualitarias aprobadas por los representantes de la soberanía nacional, que reside en el pueblo.

Dicha soberanía se concreta en la ley, y todos, ciudadanos y Administración pública, deben someterse a sus propósitos y determinaciones, muy especialmente los poderes públicos, que por mandato constitucional, deben actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

Con estas II Jornadas, el Cabildo trata de coadyuvar al cumplimiento de la legalidad territorial y urbanística tantas veces zarandeada. Esta contribución deriva no sólo de consideraciones de índole jurídica sino de
nuestra condición de ciudadanos de un territorio concreto, lo que nos lleva a entender el respeto del orden territorial como un imperativo ético.

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