El hombre, en los últimos años, se ha alejado de forma abismal de la naturaleza y a partir de este hecho se han puesto en marcha los principales desórdenes ambientales. Sin embargo, tiene la tendencia a regresar a ella para su disfrute y es en ese instante cuando más se da cuenta del conflicto de intereses que él mismo ha generado. En ese momento demanda a la Administración, como instrumento de la sociedad, actuaciones concretas. Es por lo tanto responsabilidad de la Administración mantener el patrimonio natural para disfrute de las generaciones presentes y futuras.

En los últimos años ha habido un crecimiento económico con un espectacular crecimiento urbanístico y de infraestructuras con un deterioro ambiental asociado ha llevado a las administraciones a establecer leyes y a dotarse de estructuras y políticas que velen por el patrimonio natural. El balance es positivo. Hace cuatro décadas había media docena de espacios protegidos, que representaban el 0,03% del territorio nacional, ahora son más de 1.300 que representan el 14% del territorio.

Sin embargo, y a pesar del reconocido esfuerzo, la mayor debilidad de nuestro modelo conservacionista está posiblemente en la ausencia de la sociedad. Hay cinco conceptos que deben definir y enmarcar las actuaciones de las administraciones públicas: la responsabilidad, la oportunidad, la coordinación entre administraciones, la cooperación entre Administración y sociedad civil y la participación social activa.

En algunos sitios se ha percibido que la defensa del patrimonio natural puede ser un freno al desarrollo con un viejo discurso que decía que preservar la naturaleza representa la no posibilidad del desarrollo económico. La conservación es un activo económico, y por eso es interesante recordar que la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de Naciones Unidas nos subraya que no son tanto una colección de bosques, mares o estepas que debamos proteger y conservar, sino que son un inmenso capital o conjunto de activos naturales en fideicomiso que han de proveer beneficios sostenibles a las generaciones actuales y venideras. Hasta ahora no se les ha dado la importancia requerida y en todo caso se han considerado como recursos infinitos. Así los sistemas de contabilidad tradicionales como el PIB no pueden ser considerados indicadores ambientales, por lo que en estos momentos una serie de prestigiosos organismos internacionales están estudiando la necesidad de crear un índice más completo a través de un documento titulado “Más allá del PIB”.

En este contexto económico es interesante recordar también el papel que pueden jugar las empresas en defensa de la conservación de la naturaleza como el caso de Tragsa, empresa pública que en el año 2007 se comprometió en 7.200 actuaciones, teniendo asimismo un papel destacado fuera de España, participando en acciones de apoyo a la cooperación internacional.

Otro ejemplo es el trabajo del Ministerio de Defensa, que en 1986 asumió el compromiso de velar por el territorio e ir más allá del cumplimiento legal y de los compromisos militares, preservando el patrimonio ambiental, cuidando la fauna y flora y desarrollando tareas de descontaminación.

La llamada responsabilidad compartida, ya considerada en Estocolmo en 1972 y en las cumbres posteriores sigue vigente. Así sin la colaboración de la ciudadanía es difícil avanzar en este campo. Aun así las administraciones tienen un papel importante, no sólo por tener en sus manos la aplicación presupuestaria de las leyes, sino porque deben ejercer un claro liderazgo. Desde la corporación local de la Diputación de Lugo, con un alto componente rural, se puso de manifiesto la prioridad que tiene la relación entre administraciones, con las asociaciones de vecinos y con los ciudadanos, así como la necesidad del cuidado ambiental que tiene una relación directa con la promoción del territorio y con el turismo.

Aún así, en cuanto a coordinación aún queda mucho por hacer, tal y como puso de manifiesto la representante de Cataluña al exponer la falta de conexión entre las administraciones a la hora de poner en marcha la Ley de Biodiversidad, que requiere una estrategia conjunta, que introduzca cuestiones fiscales, que ofrezca incentivos y que consiga no discriminar las áreas rurales respecto a las urbanas.

El otro reto es conseguir romper la brecha entre ciudadanos y administración. Además de las leyes aprobadas de Patrimonio Natural y de Desarrollo Rural existen dos leyes que son la Ley 27/2006 de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia y la ley de Responsabilidad Ambiental ambas de gran interés pero que todavía no han desplegado toda su potencialidad. El reto no es sencillo, la introducción de oso en los Pirineos por parte de Francia no ha sido exitosa debido a la falta de comunicación y de sensibilización, contrariamente a lo que ha pasado con el oso pardo en Asturias. Para alcanzar este objetivo es importante también que existan figuras intermedias como la Fundación Biodiversidad que apoya las políticas del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y que, por otra parte, con sus convocatorias, contribuye a que la sociedad civil se implique en distintas actuaciones en defensa de la biodiversidad.

Nuestra sociedad todavía se considera dueña absoluta e ilimitadamente capacitada para hacer lo que sea con el entorno. Es por eso que queda mucho camino por recorrer hasta que seamos capaces de entender que la primera aportación del conocimiento científico puesta a nuestra disposición es que somos lo que somos por lo que hemos sido, por lo que nos rodea y por lo que el entorno nos está proporcionando incesante y gratuitamente.