En términos científicos, por contaminación lumínica se entiende la alteración de la oscuridad natural del medio nocturno producida por la emisión de luz artificial. Dícese también de uno de los problemas ambientales que más se ha incrementado en los últimos tiempos, debido fundamentalmente al alumbrado nocturno de exteriores y con una localización asociada al medio urbano, pero con repercusiones también de largo alcance. Los impactos negativos vinculados a este tipo de contaminación son cada vez más evidentes y afectan no sólo a los ecosistemas, disminuyendo su biodiversidad, sino también a la salud humana.

El resplandor difuso del fondo del cielo nocturno es una las consecuencias más conocidas, por su carácter generalizado, que además los astrónomos vienen registrando desde hace décadas y que supone un grave problema de índole científica, educativa, paisajística y cultural. Sin embargo, en la actualidad la medida de este resplandor es uno de los mejores indicadores para cuantificar el incremento o el descenso de la contaminación lumínica.

Los avances en el estudio de la contaminación lumínica y en el de sus consecuencias han permitido que poco a poco se elimine la idea de que se trata de una obsesión de unos pocos, pero aún queda mucho por hacer porque la sociedad sigue asociando la iluminación con la alegría, con el lujo, con la belleza y con la seguridad. A primera vista podría parecer obvio que a mayores niveles de iluminancia, mayor seguridad y prevención contra los actos delictivos pero, no está claro que esta afirmación sea del todo cierta. Los estudios no son concluyentes, aunque todos se ponen de acuerdo al afirmar que una mayor iluminación aumenta la sensación de seguridad en los viandantes.

Además del Real Decreto 1890/2008 por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias, en los últimos años en nuestro país se viene haciendo un esfuerzo legislativo importante para afrontar este fenómeno. Los principales puntos legislados son la zonificación y los puntos de referencia, los parámetros luminotécnicos y la adaptación de las instalaciones existentes. A nivel regional se han aprobado leyes en 5 Comunidades Autónomas (Baleares, Cataluña, Navarra, Cantabria y Andalucía) y varias más están en procesos de tramitación. Algunas ciudades como Santander, Sevilla, Córdoba, Tárrega, Castro-Urdiales, Valencia y Burgos también tienen ya normativa específica para disminuir la contaminación lumínica y otros municipios, como los catalanes se ven afectados por la normativa autonómica pudiendo solicitar subvenciones para elaborar planes municipales de adecuación de la iluminación exterior existente.

La iluminación artificial además de los problemas derivados directamente de la contaminación lumínica es una gran consumidora de recursos materiales y de recursos energéticos. El consumo total de energía en España para alumbrado público asciende a 3.400 GWh/año, lo que se traduce en 475 millones de euros y en 1,5 millones de toneladas de CO2.

Para disminuir los niveles de contaminación lumínica hay que cumplir una serie de criterios básicos: no emitir luz sobre la horizontal (no se aprovecha, es deslumbrante y alcanza largas distancias), no sobreiluminar y evitar las lámparas de amplio espectro. Pero además se hace necesario luchar en dos frentes previos: el ahorro y la eficiencia, introduciendo políticas energéticas realistas, unificando la normativa actual y aumentando la sensibilidad social respecto a este tema.