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Resumen

La Directiva 2008/1/CE (conocida como “Directiva IPPC”) y que sustituye a la Directiva 96/61/CE, somete a autorización las actividades industriales y agrícolas que presentan un elevado potencial de contaminación. Ese permiso sólo puede concederse si se reúnen una serie de condiciones medioambientales, de manera que las empresas asuman las labores de prevención y reducción de la contaminación que puedan llegar a causar. El objetivo consiste en evitar o minimizar las emisiones contaminantes a la atmósfera, las aguas y los suelos, así como los residuos procedentes de instalaciones industriales y agrarias para alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente.

Desde que la Comunidad Europea en el año 1996 aprobara esta Directiva de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, más de 5.000 industrias españolas están regularizando sus permisos ambientales, es decir obteniendo la denominada Autorización Ambiental Integrada (AAI). Este cumplimiento está consiguiendo disminuir el impacto ambiental del sector industrial y se debe señalar que los principios fundamentales: prevención, integración, información al público y coordinación administrativa han sido eficaces para llevar adelante el cambio.

El cumplimiento legislativo, supone un gran esfuerzo para las empresas que asumen un elevado coste económico en el proceso de adecuación y para las Comunidades Autónomas que son las encargadas de gestionar el proceso de autorización. En este sentido, cabe destacar el trabajo de gobiernos como el catalán y el andaluz que han desarrollado mecanismos completos de control y seguimiento, incorporando auditorías previas que permiten un mayor conocimiento de las industrias y sectores afectados. Estos mecanismos se han visto acompañados de un mayor esfuerzo en materia de información al público y transparencia.

Sin embargo, la diversidad de aplicación de la legislación por parte de las Comunidades Autónomas no es beneficiosa para las empresas ni para el medio ambiente. Por eso desde el grupo de trabajo se puso de manifiesto que hay que avanzar en la homogeneización de los criterios, con objeto de que la complejidad del proceso, la duración del mismo y los costes asociados no dependan de la Comunidad en la que se encuentre la industria.

Entre 2005 y 2007, la Comisión Europea ha recogido datos sobre la aplicación de la IPPC, que ha tenido como resultado una Propuesta de Directiva Refundida, que pretende responder a las distintas debilidades. Esta propuesta está aún pendiente de discusión pero desde el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ya se ha puesto de manifiesto que el reto es introducir la flexibilidad. Por otra parte, desde diversos sectores empresariales se piensa que no es el mejor momento para llevar a cabo esta revisión porque aún no se pueden sacar conclusiones sobre la implementación de la norma anterior.

Este grupo de trabajo lleva trabajando de forma conjunta 10 años y ha ido recopilando en los documentos finales de CONAMA las opiniones de las administraciones públicas, de los sectores empresariales afectados, de los colegios profesionales y de las organizaciones sindicales. La experiencia acumulada hasta el momento, ha puesto de relieve el dilatado plazo para la obtención de la AAI, los elevados gastos que son necesarios para su consecución y los escasos medios disponibles.



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