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Resumen |
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Las ciudades crecen a un ritmo cada vez mayor tanto en superficie como en población. Por eso también crecen los problemas ambientales derivados de esta ocupación del territorio y de los modelos de desarrollo que tienen lugar en ellas. De ahí la necesidad de revisar la influencia que tiene el diseño de estas ciudades desde el punto de vista urbanístico y su repercusión ambiental, en el más amplio sentido de esta palabra. Es decir, analizando no solo la variable ecológica sino también el efecto que tiene el espacio urbano en la convivencia, tratando de promover una cultura urbanística que tenga en cuenta esta interacción.
En este marco va tomando forma el Derecho a la Ciudad, entendido como “el uso y disfrute equitativo de las ciudades dentro de los principios de sostenibilidad, democracia, equidad y justicia social. Medir todo esto, lo que podríamos traducir como “sostenibilidad social”, no es sencillo, porque posee un componente perceptivo fundamental. Y es que el grado de sostenibilidad no es el mismo para todos. De ahí la necesidad de combinar indicadores cualitativos, perceptivos, con los meramente cuantitativos para comprender y evaluar la sostenibilidad social. En general, tal parece que las ciudades, como sistemas complejos, ofrecen distintas formas de sostenibilidad según sus zonas: los centros (densos, diversos, accesibles, bien dotados de servicios y comercios) pierden población como consecuencia de los elevados precios del suelo y, en muchas ocasiones, de la falta de equipamientos escolares o deportivos, difíciles de introducir en zonas muy consolidadas. O, por el contrario, muchos barrios, abundantes en equipamientos y zonas verdes, resultan inhóspitos por la carencia de calles y puntos de encuentro, por el exceso de zonas abiertas y sin embargo, ganan población.
El “derecho de todo hombre, mujer, joven y niño a acceder y mantener un hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y con dignidad” es una de las premisas para alcanzar la sostenibilidad social en las ciudades. Este derecho se ve entorpecido por la explotación territorial, los derechos patrimoniales, y la corrupción urbanística convirtiendo a la vivienda en un privilegio de unos pocos y en un indicador del incremento de las diferencias sociales.
La presencia de personas sin hogar en las ciudades es un fenómeno de ayer y de hoy. Cambia la morfología de las ciudades, cambian los conceptos y formas de hacer del urbanismo, pero las personas sin hogar continúan siendo una realidad en nuestras ciudades y vivir en la calle no es un delito. Por eso no se pueden generalizar medidas disuasorias, ni mucho menos coercitivas, para estas personas. Es necesario restablecer el derecho de todos los ciudadanos al uso de los espacios públicos, pero no se puede conculcar el derecho de ninguna persona a estar donde quiera, siempre y cuando mantenga un mínimo de civismo. En todo caso, la adopción de cualquier medida que desemboque en el traslado de los “sin hogar” a otro lugar debe ir precedida de otras alternativas que ofrezcan a estas personas otra forma de vida.
Por eso, se hace necesario que los profesionales del medio ambiente, del urbanismo y de la intervención social trabajen de forma conjunta para favorecer entornos inclusivos y socialmente sostenibles. La participación ciudadana debe ser una herramienta fundamental en el nuevo concepto de ciudad porque no sólo facilita el suministro de viviendas, sino que además fortalece conceptos como ciudadanía, solidaridad, integración y conservación del medio físico y biológico.
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