En la legislatura pasada, el Ministerio de Vivienda impulsó mediante el Código Técnico de la Edificación (RD 134/2006 y desarrollos posteriores) y la Ley de Suelo (Ley 8/2007) un nuevo marco normativo básico para la edificación y el régimen del suelo en España, plenamente enmarcado dentro de la apuesta por la sostenibilidad.

Por su parte, la Ley del Suelo señalaba en su Preámbulo la voluntad de superar “la historia desarrollista del urbanismo español, volcada sobre todo en la creación de nueva ciudad”, atendiendo “a los requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de aquel crecimiento y optando por la regeneración de la ciudad existente”. En este sentido, la Ley introdujo importantes cambios y novedades conceptuales, como el Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible (Artículo 2), los Criterios básicos de utilización del suelo (Artículo 10) o la Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano (Artículo 15).

En la presente legislatura, la propia Ministra de Vivienda en su primera comparecencia ante el Congreso de los Diputados (03/06/2008) mantenía esta apuesta por el desarrollo sostenible en el sentido de “conseguir que la edificación en España abandone definitivamente un modelo basado, casi en exclusiva, en la nueva construcción” “por otro modelo de renovación intensiva del patrimonio inmobiliario preexistente, que no consume suelo, pero que precisa también mano de obra y materiales de construcción en cantidades incluso mayores que la nueva edificación”.

Los dos objetivos estratégicos de este Ministerio para la presente legislatura serán, “en primer lugar, seguir mejorando las condiciones para facilitar a los ciudadanos el acceso a la vivienda, tanto en propiedad como -especialmente y en igualdad de condiciones- en alquiler; y en segundo lugar, el impulso decidido a la renovación urbana y a la rehabilitación como línea estructural de la política de vivienda. Y además, inseparablemente, el impulso a la innovación y eficiencia energética de la edificación, para contribuir a la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero y para mejorar el ahorro energético y la accesibilidad universal en nuestras viviendas y edificios”.

Lo que se plantea no es tanto ‘inventar un nuevo modelo de ciudad’, como volver la vista a la ciudad consolidada, considerando que “mucho de lo ya construido puede ser optimizado para ofrecer nuevas posibilidades de alojamiento, de equipamiento y de espacio público, necesarios para el desarrollo vital de muchos ciudadanos. La rehabilitación del parque edificado es imprescindible para mejorar la accesibilidad y la habitabilidad de muchos edificios y barrios ahora obsoletos”, planteando el ‘reciclaje urbano’ como principal instrumento de transformación de la ciudad.

Es por todo lo anteriormente expuesto, que de acuerdo con la política ministerial, se planteó esta actividad dentro de CONAMA 9, abriendo un amplio debate sobre los temas urbanísticos de dicha rehabilitación, que tan a menudo se han centrado de manera casi exclusiva en la edificación, y abriendo también la oportunidad de descubrir la nueva dimensión de los espacios públicos de la ciudad.