La gestión costera es una función pública debido a que afecta a temas de naturaleza o propiedad pública, y a intereses básicos de nuestra sociedad. Estos intereses adquieren forma de espacios, bienes y recursos (naturales o culturales), actividades humanas que pueden entrar en conflicto, etc. Por eso la administración pública debe garantizar la conservación y buen aprovechamiento de ese patrimonio para el desarrollo humano, pero también la armonía entre intereses ciudadanos.

Los retos que se ha marcado España en respuesta a las recomendaciones europeas para la Gestión Integral de las Zonas Costeras (GIZC) son:

- Frenar la ocupación masiva de la franja costera

- Recuperar la funcionalidad física y natural del litoral

- Mitigación/adaptación a los efectos del Cambio Climático

- Cambiar el modelo de gestión costera

Para ello es necesario que la Administración General del Estado lleve a cabo una serie de tareas básicas para lograr una GIZC más eficaz, entre las que cabe destacar una mejora de la coordinación y cooperación con las Comunidades Autónomas, por un lado, y el fomento de la coordinación y cooperación entre ellas mismas, por otro.

Las herramientas necesarias para la implementación de la GIZC serían: instrumentos económicos, financieros y fiscales; herramientas de monitorización y seguimiento; evaluaciones de Impacto Ambiental; políticas territoriales; concienciación social; capacitación, formación e investigación; líneas de set-back. Sin embargo, no hay plazos, la Implementación parece lejana.